¿Qué caminos deberían seguir la filantropía brasileña y latinoamericana ante la crisis de financiamiento?

En medio de un aumento global de movimientos de extrema derecha y conservadores, la protección socioambiental y los derechos humanos enfrentan retrocesos sin precedentes. En Brasil y en otros países, este cambio político está impulsando una vuelta atrás en el campo de los derechos arduamente conquistados, con una intensificación de los ataques a los grupos marginados, la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil, la reducción del espacio cívico y mediante una fuerte reducción del financiamiento internacional para la incidencia y la justicia social.

Graciela Hopstein, a 2024 / 2025 #ShiftThePower Fellow

Los recortes de fondos destinados a la ayuda social y humanitaria han puesto a las organizaciones en una situación crítica, ya que las medidas tomadas inmediatamente después de la asunción del presidente Trump interrumpieron o congelaron parcial o totalmente las operaciones de organismos multilaterales, como la OMS (Organización Mundial de la Salud), el UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) e incluso la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional). Esto también resultó en la retirada de los Estados Unidos de varios acuerdos internacionales, incluyendo tratados multilaterales como el Acuerdo de París sobre el cambio climático.

No sabemos con certeza cuál será el impacto concreto de estas medidas en los contextos brasileño, latinoamericano y del Sur Global, pero es poco probable que el financiamiento para la sociedad civil vuelva a ser el mismo. Los recortes continuos han resultado en una reducción de casi 75 mil millones de dólares^[1]. La suspensión de la cooperación internacional de los EE. UU. ha resultado en el cierre de más de 60 oficinas de USAID en todo el mundo y en el desfinanciamiento de miles de proyectos humanitarios: se cancelaron más de 5000 apoyos y contratos, además de despidos masivos de personal, lo que creó un vacío en la ayuda al desarrollo en regiones históricamente dependientes de recursos internacionales, como el África subsahariana, América Latina y Asia. Según una encuesta realizada por CIVICUS, las áreas más afectadas incluyen la salud, el compromiso cívico, los derechos humanos, la ayuda humanitaria, el bienestar, el desarrollo económico, la educación, la incidencia legal, la gobernanza y la equidad de género.

La investigación realizada por SITAWI reveló que la brecha estimada en el financiamiento para Brasil supera los 200 millones de dólares.^[2] Para las 37 organizaciones que respondieron^[3] (que dependen directa o indirectamente de estos recursos), esta fuente de financiamiento representa el 34% del presupuesto de 2025. Ciertamente, las pequeñas organizaciones son las más afectadas, ya que más del 50% de sus presupuestos anuales pueden verse comprometidos. Esto aumenta el riesgo de cierre permanente e incluso la clausura de sus operaciones, además de poner en peligro la continuidad del 80% ciento de sus empleados.

Dado el contexto de precariedad y fragilidad en cuanto a la sostenibilidad política y financiera en la que las organizaciones de la sociedad civil brasileña han operado históricamente, la investigación de SITAWI revela que solo el 23% estaban preparadas para un recorte abrupto de fondos y casi la mitad (47%) tiene reservas financieras para un máximo de tres meses. A partir del escenario presentado, es posible afirmar que, considerando la dependencia de la sociedad civil brasileña de los recursos internacionales, la situación está adquiriendo contornos dramáticos, ya que la crisis global de financiamiento obligará a las ONGs a diversificar sus estrategias de movilización de recursos, buscar nuevos socios —ya que habrá una mayor competencia por menos fondos —  y reajustar sus agendas y modos de operación de acuerdo con los intereses estratégicos de los donantes. Y la situación se volverá aún más crítica dado el momento de fragilidad democrática que estamos experimentando con el auge de gobiernos conservadores y autoritarios, la regresión en el ámbito de los derechos y libertades fundamentales, la restricción de los espacios cívicos, la criminalización de la protesta y el avance de la deslegitimación del papel de las OSC.

Las crisis están en todas partes. ¿Cuáles son las posibles estrategias para garantizar la sostenibilidad política y financiera de la sociedad civil en un contexto complejo y desafiante?

Ciertamente, fortalecer el financiamiento local y la filantropía comunitaria, incluyendo estrategias de inversión social privada, debería ser una de las prioridades. En el caso de la filantropía brasileña, aunque cuenta con una infraestructura desarrollada y diversa, históricamente no ha podido responder a las necesidades de financiamiento de la sociedad civil local. A pesar de que las fundaciones corporativas y familiares invierten significativamente en el campo social, R$ 4,8 mil millones en 2022, según el Censo GIFE, estos recursos se destinan en su mayoría al desarrollo de sus propios programas y mucho menos para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil (alrededor de 1,8 mil millones de reales) con agendas de justicia social y derechos humanos, defensa de derechos, cultura de paz y democracia; el desarrollo institucional de las OSC y los movimientos sociales recibe las menores donaciones. Es importante resaltar el papel diferente de la filantropía brasileña independiente^[4] —compuesta por fondos y fundaciones comunitarias, 18 de las cuales son parte de la Red Comuá— en el financiamiento de la sociedad civil. La mayoría de estas organizaciones (74%) vienen apoyando a organizaciones comunitarias de base, movimientos sociales y colectivos (formales o informales) liderados por minorías políticas (mujeres, personas indígenas, personas negras, de la comunidad LGBTIQ+, etc.). Sin embargo, esta filantropía también sufrirá los impactos de la crisis de financiamiento, que incluye la reducción del flujo y el volumen de donaciones transferidas hasta ahora (en 2022 y 2023, estos fondos independientes donaron casi 400 millones de reales a OSC y movimientos sociales solo para iniciativas de justicia climática).

Considerando este análisis preliminar, el escenario político y de financiamiento se presenta desafiante a corto, mediano y largo plazo. En primer lugar, es sorprendente observar la falta de discusiones sobre la urgencia de esta agenda en la sociedad civil y en los campos de la filantropía en Brasil. En segundo lugar, debemos estar atentos a las narrativas que “justifican” los recortes y observar cómo los sectores conservadores se han apropiado de conceptos como la localización y la decolonización, distorsionando sus significados y relevancia.[5]

Ciertamente, esta situación requerirá que se piensen soluciones creativas y audaces, tanto en el ámbito político como en el de la filantropía y la cooperación internacional. Otra de las acciones prioritarias debería ser el establecimiento de nuevos espacios de articulación global —entendidos como foros de debate permanentes que involucran redes de la sociedad civil global, regional y local, así como filantropía internacional— con el objetivo de diseñar modelos de financiamiento alternativos que favorezcan la autonomía de las OSC y el impacto colectivo. Iniciativas como Wake up Philanthropy, Possible Now y Stand with Civil Society comprendidas como acciones de resistencia e incidencia colectivas, que al mismo tiempo implican una llamada a la acción, y la redefinición de narrativas tambien se han convertido en estrategias fundamentals. En América Latina, también hay iniciativas en curso, como la Red Colaborar y Reimaginando el futuro de la sociedad civil, conducida por RACI.

Como miembra del programa #ShiftThePower (cohorte 2025), mi compromiso es analizar la conexión entre democracia y filantropía comunitaria, comprendida como una estrategia de fortalecimiento de la sociedad civil y una prioridad en la actual crisis política y de financiamiento que estamos viviendo. Considerando que la democracia representativa y los modelos de desarrollo y gobernanza establecidos en el período de posguerra están atravesando una crisis estructural y multifacética, fortalecer la sociedad civil (comunidades y movimientos sociales) sigue siendo una acción fundamental y estratégica para consolidar la democracia y construir una sociedad más equitativa, justa e inclusiva.

Graciela Hopstein tiene una maestría en educación (UFF) y un doctorado en Política Social (UFRJ). Es consultora, profesora e investigadora en el campo social. Fue directora ejecutiva del Instituto Rio (2012-2016) y la Red Comuá (2017-2024). Graciela es actualmente fellow del Programa Shift the Power (promoción 2025).

[1]Estos recortes también afectan los acuerdos de cooperación internacional de Alemania; Francia; Reino Unido; Suiza; y los Países Bajos (Holanda y Bélgica).

^[2]Valor estimado de los recursos de USAID y otras agencias de EE. UU. que dejarán de llegar a Brasil

^[3]Según SITAWI, Finanças do Bem, “Aunque esta muestra no representa al sector en su conjunto, refleja una porción significativamente afectada que enfrenta desafíos urgentes y señala caminos para el futuro”.

^[4]Estas son organizaciones que movilizan recursos de diversas fuentes para donar a la sociedad civil.

[5] En el caso de la localización, desde una perspectiva de financiamiento internacional, es una estrategia que pretende transferir responsabilidades a actores locales (públicos y privados) para hacer frente a la crisis. Por su parte, el concepto de descolonización también se enmarca en esta misma línea, reforzando el argumento de que, a partir de los recortes de fondos, el financiamiento internacional está alineada con las demandas históricas del Sur Global en la medida en que para estos sectores la crisis es una oportunidad para que los países busquen sus propias soluciones a problemas locales, de manera “independiente”, sin la intervención de las grandes potencias económicas.